Función Consultiva

INTRODUCCIÓN

En virtud del artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se regula el trámite de consulta pública previa. Mediante este trámite se permite a los ciudadanos presentar alegaciones a los proyectos normativos, a través del portal web de la Administración competente.

Esta función ayuda a recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.

c) Los objetivos de la norma.

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, tienen encomendadas entre otras, funciones de carácter consultivo y de colaboración con las Administraciones Públicas en todo aquello que tenga relación con la representación, promoción y defensa de los intereses generales del comercio, la industria, la navegación y los servicios.

Por ello, desde la web de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza se da publicidad a aquellos proyectos normativos que puedan ser de interés a los diferentes sectores empresariales, ya sean promovidos tanto desde la esfera europea como desde los ámbitos estatal o autonómico:

1.- ÁMBITO AUTONÓMICO

2.- ÁMBITO ESTATAL

3.- ÁMBITO EUROPEO

4.- OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS

1.-ÁMBITO AUTONÓMICO

Recientes

• Consulta pública sobre el proyecto de Decreto del Reglamento regulador de la Mediación de Emprendimiento y del Registro Público de Mediadores de Emprendimiento en Aragón. (Plazo hasta el 31 de agosto de 2020).
• Anteproyecto de Ley de Áreas de Promoción de Iniciativas Empresariales. (Plazo hasta el 22 de marzo de 2020).

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2.-ÁMBITO ESTATAL

• Anteproyecto de ley de modificación del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y de la Ley de Navegación Marítima. (Plazo hasta el 30 de septiembre de 2020).
• Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral.(Plazo hasta el 23 de septiembre de 2020).
• Consulta sobre los trámites burocráticos vinculados a la actividad energética, a la economía circular y a la lucha contra el cambio climático que resultan más costosos, tanto en tiempo como en recursos dispuestos para su cumplimentación. (Plazo hasta el 18 de septiembre de 2020).

Recientes

• Audiencia e información pública relativa a la elaboración de las bases reguladoras de las ayudas dirigidas a proyectos empresariales y pequeños proyectos de inversión generadores de empleo, que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras, para el periodo 2020-2023. (Plazo hasta el 21 de julio de 2020).
• Proyecto de Orden por la que se establece la regulación del registro de centros de innovación digital (CID) que aspiran a formar parte de la red europea de digital innovation hubs (DIH). Programa Europa Digital (2021-2027) de la Comisión Europea. (Plazo hasta el 1 de julio de 2020).
• Proyecto normativo sobre la regulación de determinados aspectos de la prestación de trabajo por cuenta propia y ajena del trabajo a través de plataformas.  (Plazo hasta el 22 de junio de 2020).
• Proyecto normativo sobre la modificación y elaboración de las condiciones para prestar trabajo por cuenta ajena a distancia.  (Plazo hasta el 22 de junio de 2020).
• Borrador del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030.  (La fecha indicada de finalización del periodo de consulta queda en suspenso y será ajustada según lo establecido en el Real Decreto 463/2020)
• Audiencia e información pública sobre el proyecto de Orden por la que se regula el Registro electrónico de apoderamientos de la Seguridad Social. (Plazo hasta el 28 de mayo de 2020).
• Estudio Ambiental Estratégico del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030. (Plazo hasta el 25 de marzo de 2020).
• Proyecto sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios. (Plazo hasta el 13 de marzo de 2020).
• Proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley de Educación (LOMLOE)
• Proyecto de Real Decreto por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2020. (Plazo hasta el 3 de febrero de 2020).
• Proyecto del Real Decreto por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2018/958, de 28 de junio de 2018, relativa al test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones.  (Plazo hasta el 20 de enero de 2020).

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3.-ÁMBITO EUROPEO

• Consulta pública – Política de cohesión de la UE – intercambio electrónico de datos (evaluación 2014-20). (Plazo hasta el 30 de octubre de 2020).

Recientes

• Consulta pública sobre la revisión de la Política Comercial Europea (Plazo hasta el 15 de septiembre de 2020).
• Ayuda estatal regional – nuevas directrices (Plazo hasta el 30 de septiembre de 2020).

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OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS

• Indicadores de la Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
• Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto (LAAAB).
• Nuevo Fondo de Justicia y Programa de Derechos y Valores.
• Premios Nacionales de Industria Conectada 4.0 efectuada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Unos premios cuyo objetivo es reconocer los méritos de las empresas industriales que destaquen por sus proyectos de digitalización y que se convocan en dos modalidades: Gran Empresa y PYME. El plazo para presentar las candidaturas finaliza el 13 de septiembre de 2019.
• A partir del 9 de septiembre de 2018, las contrataciones realizadas por las administraciones públicas mediante el Procedimiento Abierto Simplificado requerirán que las empresas participantes estén inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) o su equivalente autonómico, Registro Voluntario de Licitadores (Comunidad Autónoma de Aragón). Esta obligatoriedad está recogida en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y afecta a todos los contratistas.

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