Una senda reformista que alivie la carga de la deuda

Es muy difícil, cuando no casi imposible, recordar los comienzos de una iniciativa empresarial que no haya precisado del recurso al crédito. Y es que son escasas las ocasiones en las que un emprendedor cuenta con el capital suficiente para iniciar la actividad. De hecho, todos los agentes económicos –familias, empresas y Administraciones– recurren al endeudamiento como instrumento para materializar anticipadamente decisiones de gasto o de inversión. A tal fin, la principal virtud del sistema financiero consiste justamente en ofrecer la interconexión entre demandantes y oferentes de crédito; una función que, no debe olvidarse, resulta vital para el crecimiento económico.

A pesar de las ventajas expuestas que ofrece el acceso al crédito, una ininterrumpida acumulación de deuda es un claro riesgo para la salud financiera de cualquier agente económico, pero, además, resulta un claro riesgo para el crecimiento económico futuro del conjunto de la economía si quien personifica esta actitud son las Administraciones Públicas (y que, en definitiva, esconde la incapacidad de estas para generar ingresos recurrentes suficientes).

En términos generales, se acepta que la evolución de los montantes totales de deuda privada y de deuda pública debería ser antagónico. Mientras la primera tendería a decrecer en periodos de crisis y a aumentar durante las expansiones, la deuda pública mantendría la tendencia opuesta con el objetivo de suavizar el ciclo económico y estabilizar la economía.

Sin embargo, uno de los riesgos latentes de la economía española en 2018, que –no lo olvidemos– encadena casi cinco años de crecimiento económico ininterrumpido, es que familias y empresas siguen acusando los efectos del fuerte sobreendeudamiento que atesoraron antes del estallido de la burbuja inmobiliaria y, por ende, en conjunto siguen desendeudándose; al tiempo que las Administraciones Públicas, también tomadas en conjunto, devienen incapaces de disminuir el volumen global de deuda, que, de hecho, sigue incrementándose. Es decir, el comportamiento financiero de los sectores privado y público de la economía española está describiendo la senda opuesta a la que comúnmente se acepta como el proceder más sensato y que, como se ha anticipado, representa un riesgo importante, dentro del contexto de (¿suave, reversible, inexorable?) desaceleración por el que transita la economía mundial.  ¿Por qué?

Fundamentalmente, porque, amén de que la acumulación de deuda ad infinitum no es un escenario plausible, es bastante probable que el coste de la deuda se incremente cuando la próxima crisis llame a la puerta, lo cual dificultará inmediatamente la capacidad del Sector Público para reactivar la economía. Si el coste (el interés) de la deuda aumenta cuanto más endeudado ya se halle un agente económico, el elevado volumen de deuda pública acumulado en la actualidad –alrededor del 100 % de PIB–hará que los inversores demanden un mayor interés por las futuras emisiones. Y, además, nada garantiza que el futuro Presidente del Banco Central Europeo, que tomará posesión el año que viene, mantenga la flexibilidad en la dirección de la política monetaria de la que ha hecho gala Mario Draghi.

Por todo ello, avanzar en la senda de las reformas estructurales parece la mejor opción, no solo para aliviar la carga de la deuda, sino para enfrentar el futuro en mejores condiciones. Está en juego el bienestar de las nuevas generaciones.

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