La Comisión Europea ha puesto en marcha una iniciativa para garantizar que las disposiciones fiscales de los Estados miembros no discriminen a los trabajadores transfronterizos. Bruselas calcula que en la UE más de 1,2 millones de personas trabajan fuera de su país.
La Comisión Europea llevará a cabo en el 2012 una evaluación “exhaustiva” de los impuestos directos nacionales para determinar si hay desventajas injustas para los trabajadores que viven en un Estado miembro y trabajan en otro.
En concreto, se pretende examinar si los ciudadanos que obtienen la mayor parte de sus ingresos en otro Estado miembro están gravados con más impuestos que los ciudadanos de ese mismo país, comprobando si se aplican a los no residentes todas las deducciones personales y familiares aplicables a los residentes.
En el caso de que detecten discriminaciones o infracciones de las libertades fundamentales de la UE, el Ejecutivo comunitario instará a las autoridades nacionales a que introduzcan las modificaciones necesarias. De persistir los problemas, adoptaría procedimientos de infracción contra los Estados miembros díscolos.
La Comisión no sólo estudiará la situación de los trabajadores por cuenta ajena, sino también la de los trabajadores por cuenta propia y los pensionistas.
El volumen de los salarios brutos abonados a los trabajadores temporeros y transfronterizos en 2010 ascendió a 46,9 millones de euros, según datos del Ejecutivo comunitario, que asegura que la movilidad de los trabajadores representa uno de los potenciales clave para aumentar el crecimiento y el empleo en Europa.
Más propuestas
En sus esfuerzos por derribar barreras para los trabajadores europeos, Bruselas ya propuso el pasado 21 de marzo reforzar la directiva europea sobre trabajadores desplazados, que pretende reforzar el cumplimiento de una ya existente desde 1996 y aclarar las normas en la materia.
Para lograrlo, quiere introducir estándares más ambiciosos para la información entre trabajadores y compañías sobre sus derechos y obligaciones.
Establecerá además normas para la cooperación entre las autoridades nacionales y evitar la multiplicación de empresas fantasma.
Por otra parte, la Comisión adoptó el año pasado una iniciativa para hacer frente en la UE a los principales problemas que se derivan de la doble imposición. De este modo, pretende facilitar la inversión y los negocios dentro de las
fronteras comunitarias.
Fuente: Aquí Europa